Estado de alarma: ¿Sí o no?

El próximo 9 de mayo, el gobierno español va a decidir levantar o dejar sin efecto el actual Estado de Alarma, que se ha mostrado durante estos meses como el instrumento legal más eficiente en la lucha contra la Covid19. No es una herramienta creada discrecionalmente por los poderes públicos, ni un arbitrio gubernamental, como se sabe, sino una figura acogida a la Constitución española de 1978 en el artículo 116.2 y desarrollada mediante Ley Orgánica de 1 de junio. Valga esta anotación contra quienes han dudado neciamente de la legalidad de su aplicación.

La principal consecuencia que todos hemos arrostrado durante este tiempo ha sido la de permitir la adopción de actos restrictivos de libertades y derechos fundamentales, tales como el cierre perimetral de las diferentes comunidades o regiones, el toque de queda, el cierre de espacios ligados a la hostelería en general, y la prohibición o limitación de reuniones y manifestaciones sean públicas o privadas. El objetivo no es otro que limitar la movilidad de todos los ciudadanos con el fin impedir el libre esparcimiento del coronavirus y poner cerrojos a su expansión, en definitiva, salvar vidas humanas.

El estado de alarma, que ha funcionado positivamente durante los meses de mayor nivel de contagios, digo, toca a su fin, según las previsiones anunciadas por el presidente de España, Pedro Sánchez. Y la razón principal que avala esta transcendental decisión, según el Gobierno, es la de ir “normalizando” poco a poco el modus vitae que teníamos antes de la pandemia, sin olvidar las cautelas sanitarias ya acostumbradas.

La respuesta divide a la opinión pública, partidos políticos y asociaciones plurales.

Los hechos son de por sí elocuentes. A día de hoy la incidencia acumulada es de 213 contagios por 100.000 habitantes, la trágica mortandad suma en las últimas 24 horas la cifra de 106 fallecidos, y la tasa de ocupación de las UCIS por enfermos de la Covid es del casi 23%. El panorama aún puede ensombrecerse más si la variante india del coronavirus avanza posiciones en nuestro país, como es lógico. A estos datos estadísticos, súmese el cansancio de los españoles por el esfuerzo realizado, que puede derivar fácilmente en un relajo de las buenas prácticas sanitarias, y el gamberrismo de bastantes ciudadanos incívicos.

A nadie se le escapa que la eliminación del estado de alarma puede tumbar de un plumazo las decisiones restrictivas de los gobiernos autonómicos mediante la vía judicial, a pesar del Real Decreto-Ley que hoy mismo ha sancionado el Consejo de Ministros, que permite intervenir al Tribunal Supremo cuando los Tribunales Superiores de Justicia pongan veto a la normativa de los gobiernos. Por otro lado, la judicialización de este asunto no es el camino más acertado.

Pero no hay vuelta atrás, la principal herramienta jurídica en la lucha contra la Covid está a punto de expirar, como muchos ciudadanos y partidos que los representan así lo demandan (alguno incluso jamás apoyó ningún estado de alarma por lo de restricción de libertades, ¡qué paradoja e hipocresía!). Desaparece, por lo tanto, un dique formidable contra la pandemia.

Espero equivocarme en los augurios, y que las vacunas, que se inoculan a trote de veloz caballo, obren, como el brote reverdecido del olmo seco y hendido en su mitad por el rayo, el maravilloso milagro de la primavera, que diría Machado.

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